La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo protocolo en los centros de salud con el objetivo de mejorar la atención temprana y la detección de posibles casos de maltrato infantil, pertenencia a bandas delictivas o adicciones. Este documento, que se aplicará en todos los puntos de Atención Primaria, actualiza y unifica los criterios utilizados por los profesionales para identificar estos problemas.
Según Eva Toledano, jefa de Servicio de Trabajo Social de Atención Primaria, esta herramienta proporcionará a los profesionales indicadores que van desde casos leves hasta los más graves, facilitando así la detección y brindando apoyo a las familias en la protección de los menores. Las novedades incluidas en el protocolo permiten agilizar la comunicación entre las diferentes administraciones involucradas, como los servicios sociales, para lograr una mayor coordinación.
El protocolo también contempla la inclusión de nuevos supuestos que pueden ser detectados durante las consultas, como adicción a las tecnologías, sumisión química, mutilación genital femenina, trata y explotación sexual, matrimonios forzosos o pertenencia a bandas delictivas.
Los profesionales sanitarios estarán atentos a señales de sospecha de maltrato físico, como heridas repetidas, golpes o quemaduras de difícil explicación. Además, observarán indicadores de adicción a las pantallas, como falta de autocontrol, atención o sueño, así como problemas en las relaciones sociales.
La detección temprana de estas situaciones busca prevenir casos de autolesiones, intervenir en situaciones de acoso y coordinar respuestas conjuntas con los centros educativos. Los indicadores identificados se registrarán en la historia clínica de los menores para garantizar un seguimiento adecuado en caso de cambios de profesional médico o de centro de salud.
La Consejería de Sanidad destaca que estas realidades pueden afectar el rendimiento escolar, generar trastornos del comportamiento, adicciones o problemas de salud mental en los niños, con repercusiones en su vida adulta y en futuras generaciones. En casos graves, donde se pueda estar produciendo un delito y esté en riesgo la seguridad del menor, se notificará a las unidades policiales correspondientes.
Para situaciones menos graves, se determinará qué servicios públicos pueden ofrecerse a las familias. La redacción de estos informes de notificación puede ser realizada por diversas categorías sociosanitarias de los centros de salud, siendo una obligación ética y legal.