El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles el convenio urbanístico del proyecto Nuevo Sur-Méndez Álvaro, que transforma el solar del antiguo El Corte Inglés de Arganzuela en un espacio mayoritariamente público. De los 11.811 metros cuadrados que ocupa el ámbito, delimitado por las calles Kentia, Ombú, Retama y Tamarindo, el Ayuntamiento se queda con 8.500 metros cuadrados, el 72% del total. El 28% restante, una parcela de 3.311 metros cuadrados situada al noreste, continúa en manos del promotor para uso de oficinas, con posibilidad de construir hasta 27 plantas y una superficie máxima edificable de 51.776 metros cuadrados.
La parcela municipal, ubicada al suroeste, tendrá dos usos principales. A cota cero desde la calle Ombú se creará una zona verde de nivel básico que incluirá un parque urbano con arbolado de especies locales, cuyo coste asume el Consistorio con una inversión de 3 millones de euros. Este parque se situará en el extremo suroeste y servirá de elemento central en torno al que se organizarán tanto el edificio público como las oficinas privadas, resolviendo además la conectividad peatonal entre las calles Kentia y Retama. Bajo la zona verde, a unos 600 metros de cota desde la calle Retama, se ubicará un edificio dotacional de servicios colectivos con aparcamiento para dotación del equipamiento y otros usos dotacionales en el subsuelo.
La gran novedad del proyecto es el centro de movilidad sostenible que construirá EMT Madrid en el subterráneo, aprovechando el antiguo aparcamiento del centro comercial, que será demolido. El espacio abarcará unos 28.000 metros cuadrados y albergará la base de operaciones y mantenimiento de BiciMAD con capacidad para gestionar hasta 9.000 bicicletas eléctricas, una base de grúa con 1.200 plazas de almacenamiento temporal de vehículos retirados de la vía pública, un aparcamiento público rotacional de 320 plazas y un hub de movilidad eléctrica con servicios de carga rápida, vehículos compartidos y logística de última milla.
En cuanto a los plazos, el convenio obliga al promotor a demoler el antiguo centro comercial en un plazo mínimo de 18 meses y máximo de 24. Tras la demolición se ejecutará de forma coordinada el proyecto unitario de obras de edificación y urbanización de ambas parcelas, con criterios de diseño homogéneos y continuidad de las sendas peatonales entre la zona pública y la privada.