Han pasado 25 años desde que la cárcel de Carabanchel cerró sus puertas y 15 años desde su demolición. El próximo paso en su historia podría ser la construcción de un complejo de viviendas y zonas comunitarias, tras la reciente aprobación de un acuerdo definitivo por parte de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, todo está a la espera de la aprobación final del Pleno de Cibeles en su próxima sesión mensual. De aprobarse, el terreno acogerá 640 nuevas viviendas, el 34% de las cuales serán de protección pública.
El proyecto afecta a un área de 172.143 metros cuadrados, delimitada por la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Además de las viviendas, el plan urbanístico incluye más de 46.000 metros cuadrados destinados a calles y 23.461 metros cuadrados para áreas verdes. También se contemplan espacios para oficinas y equipamientos educativos y sanitarios, según fuentes del Ayuntamiento.
Un hospital es una de las instalaciones más solicitadas por los residentes locales y está previsto que se construya en una parcela de 39.920 metros cuadrados. Esto responde a años de manifestaciones y reclamaciones vecinales, que han exigido mejoras en los servicios públicos y la eliminación del estigma asociado a esta área.
Fundada en 1944, la cárcel de Carabanchel estuvo en funcionamiento hasta 1998 y posteriormente fue demolida en 2008, a pesar de las voces que pedían su conservación como un «símbolo de la represión franquista». Desde su cierre, la zona ha sido objeto de diversos proyectos sin concretar. No obstante, la titularidad de los terrenos que albergan la comisaría de Policía Nacional del distrito de Latina y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche se mantendrá en manos del Estado.
En cuanto a la financiación, Siepse, una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, asumirá el coste total de las obras de urbanización, estimadas en 25 millones de euros. Estas obras deberán comenzar en un plazo máximo de ocho meses tras la aprobación definitiva del proyecto y se espera que duren unos 15 meses.
Finalmente, cabe destacar que aún resuenan ecos del pasado en el lugar. Placas y monumentos conmemorativos todavía recuerdan a aquellos que estuvieron encarcelados en la antigua prisión por «defender la verdad, la Democracia y la Justicia Social». Sin embargo, hubo controversia en 2019 cuando el Ayuntamiento retiró una subvención destinada a un monumento en memoria de los represaliados durante el franquismo, lo que generó críticas de la comunidad local.